Establece el art. 31.1 de la Constitución Española de 1978 que «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

La mención del precepto viene al caso porque, recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia (San Sebastián), en relación a la Ley Foral del País Vasco nº 16/1989, del impuesto de plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana del territorio de Guipuzkoa, esto es, lo que se ha venido llamando plusvalía municipal que debe pagarse cuando se produce la transmisión de cualquier piso o vivienda urbana.

Aunque pueda parecer que sólo afecta a la norma cuya inconstitucionalidad se declara, lo cierto es que el Tribunal Constitucional sienta las bases para entender igualmente inconstitucional dicho impuesto en cualquier otra Comunidad autónoma.

El impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo que se devenga en el momento en que se produce la venta del bien inmueble y que se calcula de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años transcurridos desde su adquisición, durante los que el propietario ha sido titular del mismo.

La sentencia, reiterando su anterior jurisprudencia sobre el Artículo 31.1 CE, establece que «en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial», lo que supone que no se pueden crear tributos sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia».

Insiste además en que el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada concreto impuesto, en tanto que presupuesto mismo de la tributación. «No caben en nuestro sistema Tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capacidad económica».

La sentencia analiza la norma impugnada y concluye que establece una ficción de incremento de valor que, además, impide contribuyente toda prueba en contrario.

Ello es así porque el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión. Por lo tanto, la mera titularidad de un terreno durante un determinado período temporal produce, en todo caso y de forma automática, un incremento de su valor.

Tribunal Constitucional

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La fórmula prevista en la norma para calcular el impuesto provoca que éste deba pagarse igualmente en aquellos supuestos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado, o incluso ha disminuido, una circunstancia esta última no poco frecuente como consecuencia de la crisis. La sentencia considera que esta consecuencia «carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1 «.

Es por eso que el Tribunal declara parcialmente inconstitucional la norma, es decir, «únicamente cuando sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo, a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor».

De lo anterior resulta, por tanto, que no puede aplicarse el impuesto de Plusvalía Municipal cuando el precio de venta es inferior al de su adquisición, -como tantas veces ha pasado durante la crisis económica-, y que los Ayuntamientos deben devolver lo que hayan cobrado indebidamente.