Uno de los principales motivos de conflicto en los procesos de crisis matrimonial o de pareja estable es el relativo a la guarda y custodia (en Cataluña simplemente guarda) de los hijos menores de edad sometidos a patria potestad, de tal manera que el legislador ha pretendido regular la cuestión a través de la normativa civil, fundamentalmente para preservar el interés de los hijos –que se considera el más digno de protección– y evitar el triste espectáculo que con demasiada asiduidad se daba en los Juzgados cuando éstos se convertían en una batalla más del conflicto generado.

Partiendo de esta base, ya a partir del año 2010, con la promulgación de la Ley del Libro II del Código Civil, el legislador catalán ha establecido que las responsabilidades parentales en relación con los hijos son compartidas y, en la medida de lo posible, deben ser ejercidas conjuntamente. Es de esta previsión legal que, siempre en interés de los hijos y ya sea de común acuerdo entre los progenitores o, en su caso, por parte del Juez en casos contenciosos, pueda acordarse la guarda compartida de los menores, circunstancia que desde luego supera situaciones anteriores en las que sólo era posible que tal guarda se atribuyera de forma exclusiva a la madre o al padre.

Hasta aquí podría parecer que la Ley catalana no aporta nada nuevo a la regulación de la custodia de los hijos, pues también se prevé tal posibilidad en la Ley española. Pero lo realmente novedoso en Cataluña e inexistente en el resto de España es la exigencia del Plan de Parentalidad.

Así, en cumplimiento de lo establecido por el art. 233.2 o el apartado 2 del art. 234.6 del Código Civil de Cataluña, junto a los escritos de demanda y contestación deben presentar sus propuestas de Plan de Parentalidad, instrumento que está dirigido a ordenar las cuestiones principales que pueden afectar al hijo o hijos comunes en caso de ruptura de la relación de los progenitores. La propuesta de Plan ha de presentarse tanto si los progenitores están de acuerdo –y lo introducen en su propuesta de convenio que regule su ruptura– como si no lo están y presentan demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial o de adopción de relaciones paterno-filiales con ocasión de la ruptura convivencial de una pareja estable.

El Plan de Parentalidad permite anticipar los criterios de resolución de los problemas más importantes que pueden afectar a los hijos después de la ruptura para evitar la litigiosidad en un momento posterior y conseguir una mayor implicación de los dos progenitores en las responsabilidades parentales y una comunicación más fluida en las relaciones posteriores a la ruptura. La Ley catalana ha querido encomendar a los progenitores un papel primordial en su elaboración, dado que son los mejor situados para acordar qué conviene más al interés de los hijos y que la ruptura del matrimonio no altera sus responsabilidades parentales hacia los hijos comunes, facilitando o promoviendo que el contenido de los acuerdos se adecúe a lo que conviene más a cada familia.

El Plan de Parentalidad ha de contener los compromisos que los progenitores van a asumir sobre aspectos básicos de la vida cotidiana de los hijos, como la guarda, el cuidado y la educación, cuando a su vez se concreten en aspectos más específicos como la salud, la religión, las actividades de ocio, el régimen de relaciones personales con el progenitor no residente (y, en su caso, con otros familiares y personas próximas), y la distribución de las vacaciones, festivos o días especiales, como cumpleaños y similares.

 

¿Qué aspectos ha de contemplar el Plan de Parentalidad?

El Plan de Parentalidad aplica a niños y jóvenes hasta la mayoría de edad, y asegura la educación, la salud y el bienestar de los hijos.

El Plan de Parentalidad aplica a niños y jóvenes hasta la mayoría de edad, y contempla la educación, la salud y el bienestar de los hijos.

 

En concreto, y por lo que se refiere al contenido del Plan de Parentalidad, el Artículo 233.9 del Código Civil de Cataluña establece que deben constar los siguientes aspectos:

  1. El lugar o lugares donde vivirán los hijos habitualmente. Deben incluirse reglas que permitan determinar a qué progenitor le corresponde la guarda en cada momento.
  2. Las tareas de que debe responsabilizarse cada progenitor con relación a las actividades cotidianas de los hijos.
  3. La forma en que deben hacerse los cambios en la guarda y, si procede, cómo deben repartirse los costes que generen.
  4. El régimen de relación y comunicación con los hijos durante los períodos en que un progenitor no los tenga con él.
  5. El régimen de estancias de los hijos con cada uno de los progenitores en períodos de vacaciones y en fechas especialmente señaladas para los hijos, para los progenitores o para su familia.
  6. El tipo de educación y las actividades extraescolares, formativas y de tiempo libre, si procede.
  7. La forma de cumplir el deber de compartir toda la información sobre la educación, la salud y el bienestar de los hijos.
  8. La forma de tomar las decisiones relativas al cambio de domicilio y a otras cuestiones relevantes para los hijos.

Indicar por último –pues en ocasiones se ha entendido mal la consecuencia económica de la guarda compartida– que la forma de ejercer la guarda (ya sea compartida o ejercida en exclusiva por uno de los progenitores) no altera el contenido de la obligación de alimentos hacia los hijos comunes, aunque habrá que valorar el tiempo de permanencia de los menores con cada uno de los progenitores y los gastos que cada uno de ellos haya asumido pagar directamente. Y ello porque, con independencia del tipo de guarda, la obligación de pago de alimentos incumbe a ambos progenitores en proporción a sus respectivas percepciones, y no sólo a uno de ellos.